En Centroamérica, la migración es consustancial a la vida de millones de personas. Entre el 10 y el 25 % de la población nacional ya no vive en casa. Y otros 500.000 emigrantes, incluidos cada vez más mujeres y niños, probarán suerte cada año. A su llegada ayudarán económicamente a sus familias en casa, esos ingresos llegan a suponer para su país de origen hasta una cuarta parte del PIB del país. El fenómeno, que ha ido en aumento desde los conflictos político-militares que desgarraron el istmo y los “ajustes” neoliberales que siguieron, indica en primer lugar los resultados de un modelo de desarrollo perverso. La inseguridad alimentaria, la precariedad social y la vulnerabilidad climática resultantes crean el deseo de huir. La violencia sin límites de las bandas organizadas –la ONU llama a Centroamérica “la región más peligrosa del mundo”– la precipita. Mientras, en los caminos del exilio, los escollos se multiplican según las políticas migratorias de los países que se atraviesan. Estados Unidos da la bienvenida a cuentagotas, expulsa o empuja con venganza. Y externaliza su frontera obligando a México y Centroamérica a cerrar la suya. Todo esto contra los derechos de los migrantes y sin miras a la imprescindible democratización de las sociedades centroamericanas.